Desde el año 2015, el impulso sociopolítico derivado de la lucha contra la corrupción en Guatemala, se ha canalizado en esfuerzos multisectoriales encaminados a la reforma estructural de las diferentes aristas del ordenamiento jurídico guatemalteco. En este sentido, la Comisión de Economía y Comercio Exterior del Congreso de la República, el Ministerio de Economía y el apoyo del empresariado, se ha enfocado en promover una agenda económica de competitividad fundamental para impulsar el desarrollo del país dentro del marco de la política general de Gobierno 2016-2020.
Los índices de pobreza en el país se mantienen en cifras alarmantes, lo cual se refleja en el ritmo de crecimiento anual del Producto Interno Bruto de Guatemala que por poco más de veinte años años no ha alcanzado si quiera un promedio mínimo de 4%, y el 2017 no será la excepción con una tasa de crecimiento prevista de 3.4%. Es así, como según pronósticos de FUNDESA, si el país no mejora sustancialmente su tasa de crecimiento, tomaría cerca de sesenta años reducir la pobreza general de 51% a 31%.
Es por lo anterior, que se ha vuelto necesario buscar alternativas que coadyuven a estimular la generación de riqueza en el país y la formación de nuevas empresas de tal manera que se pueda acelerar el crecimiento económico, incrementar los indicadores de competitividad y reducir la pobreza.
Al analizar los principales indicadores económicos se hace evidente que entre más fácil sea hacer negocios en un país bajo el marco regulatorio imperante y más alto sea su posicionamiento en el índice de libertad económica, mejor será el lugar que ocupará ese país en el índice de competitividad global.
Así, a manera de un primer paso en el camino al crecimiento económico y la mejora en la competitividad, es notoria la necesidad de eliminar las barreras regulatorias innecesarias y eficientar los procesos para el establecimiento de nuevas empresas. Según datos del Global Entrepreneurship Monitor actualizados hasta el 2016, en Guatemala registrar un negocio requiere de 7 procedimientos burocráticos, siendo de 4.8 procedimientos el promedio de los países OCDE. Asimismo, mientras que para un país de la OCDE el tiempo promedio que toma registrar un negocio es de 8.2 días, en el caso de Guatemala es de 19.5.
Es así como el Decreto 18-2017, recién aprobado por el Congreso de la República, llegó a concretar una serie de reformas al Código de Comercio en aras de volver más eficiente el marco regulatorio del país, facilitando el acceso de los agentes económicos a la economía formal, reduciendo los costos y procedimientos necesarios para la inscripción de sociedades mercantiles, y ajustando el Código de Comercio al contexto actual de transformación tecnológica constante.
Entre los aspectos positivos de la iniciativa resalta la reducción del monto del capital pagado mínimo de Q5,000 a Q200 de manera tal que el costo de iniciar una entidad se ve considerablemente reducido. Adicional a esta reducción, las reformas contemplan la posibilidad que las aportaciones se pueden entregar a los administradores y no necesariamente se tengan que depositar en un banco (siempre que el aporte no exceda de diez mil), estos elementos sencillos son cambios importantes que facilita la constitución de entidades. En esa misma línea, se promueve la facilitación de la comunicación interna de las sociedades mercantiles al permitir la participación o toma de decisiones en asambleas, juntas y sesiones, así como cualquier comunicación entre socios, mediante cualquier método de comunicación a distancia según lo estipulado en la escritura social.
Es relevante que las reformas facilitan los mecanismos de inscripción de comerciantes individuales y entidades por medio de regulación que incentiva a utilizar la tecnología para mejorar procesos. En el caso de las entidades mercantiles, se suprime la inscripción provisional y por tanto favorecen la celeridad en su inscripción. La nueva normativa establece que el Registrador del Registro Mercantil debe realizar la inscripción definitiva al momento en que se compruebe que la escritura cumple con todos los requisitos legales. Para tal efecto, también resulta importante que la publicación de la inscripción sea electrónica en un boletín que el Registro debe crear, y que el plazo de oposición se haya reducido a tres días. Asimismo, las reformas permiten la inscripción de comerciantes individuales mediante solicitud electrónica agilizando los procedimientos para la operación mercantil y actualizando la normativa a las necesidades tecnológicas modernas. La aprobación de las recientes reformas al Código de Comercio son un paso importante en lo que respecta a la facilitación de la constitución y operación de las entidades mercantiles.
Para continuar impulsando el desarrollo económico y la competitividad del país de manera integral y continuada, es recomendable el planteamiento de una nueva generación de reformas al Código de Comercio que introduzca nuevas figuras mercantiles tales como sociedades de capital simplificado o de capital variable, que permitan constituir cualquier sociedad mercantil por medio de formularios electrónicos, y que se faciliten y reduzcan los plazos en el proceso de liquidación de toda sociedad.
Una Guatemala más próspera es y será posible en la medida en que se continué con todo tipo de esfuerzos que busquen simultáneamente el fortalecimiento de la economía y la consolidación de un verdadero Estado de Derecho.
Jorge Luis Rodas
Abogado y Notario | Socio Fundador NexusLegal
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